California fue el primer estado en utilizar esta controversial base de datos. Basándose en la Ley Megan (Megan’s Law) –el estatuto que lleva el nombre de una niña de siete años que fue violada y luego muerta por un delincuente que estaba en libertad condicional (parol)– la base de datos muestra una lista de los nombres y direcciones de personas convictas por crímenes cometidos contra niños. Actualmente, todos los estados emplean una base de datos similar y se les requiere compartir esta información con la base de datos nacional. La mayoría de los estados te permiten usar estas bases de datos para saber si hay algún convicto viviendo cerca de tí. En algunas comunidades, cuando un ofensor se muda allí, la policía informa al sistema de escuelas locales, y a su vez se le envía a los padres una notificación que contiene el nombre, historial, dirección y una foto del convicto. Algunos estados comparten información entre sí sobre todo tipo de criminales, y algunos permiten a los ciudadanos hacer una búsqueda de estos convictos por nombre. Promocionado como una herramienta de gran valor para la prevención del crimen, muchos sienten que la publicación de esta información dificulta a un ex-convicto llevar una vida normal y que puede resultar en “vigilantismo” –el auto de un convicto en libertad condicional (parol) fue quemado días después de que su nombre fuera publicado. ¿Se debería hacer público una base de datos de personas en libertad condicional (parol) o ex-convictos? ¿Por qué Sí o por qué No? ¿También esto debería aplicar a personas que han cometido otros tipos de crímenes? ¿Quién debería tener acceso a esta base de datos? ¿Por qué?
Un ejemplo de un web site dedicado a este tema es el siguiente (aplica a los 50 estados):
http://www.govregistryfiles.org/
Otra compañía dedicada a este tipo de búsqueda se encuentra en esta dirección:


